Sareb ofrece a los ayuntamientos 4.770 suelos para usos sociales

Las Administraciones podrán adquirir estos activos en condiciones ventajosas para ser destinados la construcción de alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros, el desarrollo de zonas verdes o equipamiento urbano, entre otros destinos

Sareb ha puesto en marcha una nueva iniciativa para poner a disposición de los municipios una cartera de suelos para su uso con fines sociales. En concreto, Sareb ha contactado a más de 520 ayuntamientos para ofrecerles la compra de un perímetro de 4.770 suelos en condiciones ventajosas.

Se trata de solares de distinta tipología y que pueden ser aprovechados para diferentes proyectos de interés público. Entre los posibles usos figuran la construcción de equipamientos públicos -como centros de salud o ell desarrollo de parques infantiles, zonas verdes o aparcamientos. -. En algunos casos, en los que la normativa lo permita, también podrían destinarse a la construcción alojamientos para familias vulnerables o trabajadores agrícolas temporeros.

Los suelos seleccionados por Sareb proceden de las antiguas 24 cajas de ahorro que transfirieron sus activos a Sareb y están repartidos en municipios de distinto tamaño de 16 comunidades autónomas.

Este acercamiento directo a los municipios se enmarca en el trabajo desarrollado por Sareb para reforzar su colaboración con las Administraciones públicas con las que la compañía tiene abiertas varias líneas de trabajo, como los convenios de cesión de vivienda para alquiler social y emergencia habitacional o la oferta de compra preferente de sus viviendas para incrementar el parque de alquiler social y asequible. Un proyecto alineado también con el desarrollo del principio de sostenibilidad y de utilidad social con el que fue enriquecido su mandato en 2022, cuando el Frob se hizo con la mayoría del capital social de la compañía.

En este ámbito de colaboración con las administraciones locales, en septiembre de 2023, Sareb firmó un acuerdo de adhesión, con una duración de cuatro años, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la vivienda pública en alquiler. Esta colaboración ha permitido abrir nuevas líneas de comunicación con los ayuntamientos.