Sareb vende a la Generalitat Valenciana una promoción de 22 viviendas en Callosa de Segura (Alicante)
Sareb ha vendido a la Generalitat Valenciana una promoción de 22 viviendas en Callosa de Segura (Alicante) por dos millones de euros. La operación incluye el traspaso de 30 garajes y tres trasteros.
Con este acuerdo, la administración autonómica ha adquirido ya un total de 113 inmuebles de Sareb, después de formalizar la compra de 75 activos en diciembre de 2020 y la adquisición de otras 16 viviendas a finales de 2021.
Sareb profundiza así en su estrategia de colaboración con las Administraciones Públicas para tratar de solucionar aquellas necesidades vinculadas al acceso a la vivienda en las comunidades locales, al tiempo que avanza en el mandato de desinversión de la cartera de activos adquirida en 2012 a las entidades financieras que necesitaron ayudas públicas.
Desde su creación, la compañía ha vendido un total de 375 viviendas a Administraciones Públicas interesadas en poner en marcha o ampliar sus parques sociales, entre las que se encuentran la Comunidad Valenciana (113 inmuebles), Cantabria (73), Islas Baleares (19), La Rioja (12), Canarias (11), País Vasco (9), Castilla y León (6) y los ayuntamientos de Madrid (108), Gandía (14), La Pobla de Vallbona (6), Badalona (2), Sabadell (1) y Valoria la Buena (1).
La compañía dispone de un parque de 15.000 viviendas para fines sociales, un volumen total que aspira a poner progresivamente a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos tanto para su cesión temporal como para alcanzar acuerdos de venta en el marco de sus programas sociales
En paralelo a la venta de inmuebles, desde su creación Sareb ha firmado convenios temporales de cesión de vivienda para alquiler asequible con más de medio centenar de comunidades autónomas y ayuntamientos, a quienes ha cedido más de 3.200 inmuebles. Las administraciones que suscriben ese tipo de acuerdos con la compañía tienen la posibilidad de adquirir las viviendas durante el transcurso de los convenios o en el momento de la finalización de los mismos. Se trata de una opción valorada por las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque permite nutrir sus parques sociales y dar respuesta a largo plazo a la necesidad de vivienda asequible.
